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Law Case

In: Business and Management

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Fuentes Cosme, Angel 2/17/2014 For Educational Use Only

Figueroa v. Municipio de San Juan, 98 D.P.R. 534 (1970)

98 D.P.R. 534, 1970 WL 23839 (P.R.) Angela Figueroa, et al., demandantes y recurrentes v. Municipio de San Juan (Gobierno de la Capital de Puerto Rico), demandado y recurrido. En El Tribunal Supremo De Puerto Rico. Número: R-67-157 Resuelto: 11 de febrero de 1970 FEB 11, 1970 Sentencia de Héctor Ruiz Somohano, J. (San Juan) desestimando un pleito de clase contra el Municipio de San Juan. Revocada en cuanto afecta a cierto inmueble y se dicta la sentencia que procede, dejada sin efecto en cuanto afecta a otro inmueble, devolviéndose el caso al tribunal de instancia para hacer ciertas determinaciones.

(2) Se describió la finca con una superficie total de 96 cuerdas, 2,732 varas cuadradas, con sus respectivas colindancias por sus puntos cardinales. (3) En virtud de la testamentaría mencionada y de ciertas adquisiciones hechas de otros herederos, los comparecientes vinieron a ser dueños de dicha finca, en determinadas participaciones que no es necesario ahora detallar. (4) En la escritura Núm. 4 mencionada manifestaron los comparecientes que al hacer la división material habían determinado, ‘para el mejoramiento de la finca en beneficio de todos‘, diversas calles y una plaza de recreo que fueron descritas en su extensión y trayectorias. A los efectos de este pleito deben mencionarse las siguientes: (a) La Calle ‘Del Rosario‘ con una trayectoria de Este a Oeste atravesando las Calles ‘José Ramón Figueroa‘, ‘Labra‘ y del ‘Condado‘, con un ancho de 12 metros y un área superficial de 3661.80 metros cuadros; (b) La Calle ‘Corchado‘ con trayectoria de Este a Oeste atravesando las Calles ‘José Ramón Figueroa‘, ‘Labra‘ y ‘Condado‘, con un ancho de 12 metros y un área superficial de 331.20 metros cuadrados. (c) La Calle ‘Labra‘, en dirección de Norte a Sur, y la Calle ‘José Ramón Figueroa‘, con igual trayectoria de Norte a Sur, partiendo ambas de la Avenida Ponce de León. (5) La porción de terreno dedicada a ‘Plaza de Recreo‘ quedó situada entre las Calles del Rosario con la que colinda por el Norte, la Calle ‘Labra‘ por su Oeste, la Calle ‘Corchado‘ por el Sur y por el Este en colindancia con terrenos adjudicados en la misma *537 escritura de partición a Doña Rita de la Cruz. Se hizo constar que tenía un área superficial de 4,5000 metros, con una extensión por el Norte a lo largo de la Calle ‘Del Rosario‘ de 60 metros 4 centímetros; por el Sur, a lo largo de la Calle ‘Corchado‘, 52 metros 6 centímetros; por el Oeste, a lo largo de la Calle ‘Labra‘, de 76 metros 33 centímetros y por el Este en su colindancia con Rita de la Cruz, de 74 metros 8 centímetros. (6) En lo que a este pleito respecta, y en pago de sus respectivas participaciones, se adjudicó a Doña Rita de la Cruz Santiago una porción con un área superficial de 8,542.86 metros cuadrados, colindando por el Norte en una distancia de 114 metros 75 centímetros con la ahora Avenida Fernández

Inés Acevedo de Campos y Raúl Matos, abogados de los recurrentes; Rodolfo F. Aponte, abogado del recurrido. El Juez Asociado Señor Santana Becerra emitió la opinión del Tribunal. --I-La Base del Pleito (1) Por escritura Núm. 4 otorgada en Ponce el 9 de enero de 1922 ante el Notario M. Alberto Salicrup, comparecieron Don Enrique Adsuar y Boneta por sí y como apoderado de su esposa Doña Rosario Miró; Don Luis de la Cruz y Santiago como apoderado de su hermana Doña Rita de la Cruz y Santiago; Don Casimiro Figueroa y Reyes; Don Sandalio Torres Monge como apoderado de su esposa Doña Angela Figueroa y Reyes; Don José Víctor Figueroa y Reyes; Don Juan Figueroa y Reyes; Don Angel Figueroa Reyes casado con Doña María Siuró y Renta, y procedieron a la división entre ellos de la finca *536 conocida con el nombre de ‘El Reloj‘, ubicada en el Barrio de Santurce y que perteneció a los esposos Don Ramón Figueroa y Doña Carmen Reyes Arroyo, según consta en la testamentaría de éstos, inscrita con el número 1824 al folio 82 vuelto del Tomo 64 de San Juan, inscripción 13a.
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Juncos; por el Oeste en 78 metros 22 centímetros con la Calle ‘Labra‘; por el Sur en 106 metros 43 centímetros con la Calle ‘Del Rosario‘ y por el Este en 76 metros 20 centímetros con la Calle ‘José Ramón Figueroa‘. (7) En lo que respecta también a este pleito, se le adjudicó a la misma señora Rita de la Cruz Santiago otra parcela con un área superficial de 3,200.72 metros cuadrados en lindes por el Norte con la Calle ‘Del Rosario‘ en una distancia de 46 metros 16 centímetros; por el Oeste en lindes con la ‘Plaza de Recreo‘ descrita en el párrafo (5) anterior en una distancia de 74 metros 8 centímetros; por el Sur con la Calle ‘Corchado‘ en una distancia de 44 metros 16 centímetros y por el Este con la Calle ‘José Ramón Figueroa‘ en una distancia de 72 metros 38 centímetros. VEASE LA GRAFICA: --II-La Cuestión Litigiosa *538 (8) El 11 de diciembre de 1962 los recurrentes por sí y en representación de los herederos, causahabientes y cesionarios de las personas que en 9 de enero de 1922 eran dueños de la finca ‘El Reloj‘ y se la repartieron según la escritura Núm. 4 relacionada en el párrafo (1) anterior, interpusieron demanda contra el Gobierno *539 de la Capital de conformidad con la Regla 20.1 de Procedimiento Civil. 1 Unieron como Anexo A a dicha demanda una relación que contiene los nombres de las personas herederas, causahabientes o cesionarias de los dueños de la referida finca según la escritura Núm. 4, 71 personas en total, y se hizo constar que la recurrente Angela Figueroa Reyes era la única condueña viva de la propiedad. (9) Se alegó en la demanda que los recurrentes, como herederos, causahabientes y cesionarios de los dueños originales de la finca, párrafos (1) y (3), eran dueños en común pro indiviso de las parcelas descritas en la escritura de partición como ‘Calle del Rosario‘ y ‘Plaza de Recreo‘; que bajo el pretexto de haber adquirido dichas parcelas por cesión según la referida escritura Núm. 4 de 9 de enero de 1922 el Gobierno de la Capital había expedido la Certificación Núm. 465 de 7 de abril de 1958 para obtener que se inscribieran ilegalmente a su favor (a) parte de la Calle ‘Del Rosario‘ con una cabida de 1212.9462 metros cuadrados, que quedó inscrita al folio 103 del tomo 151 de Santurce Sur, finca 4885, inscripción 1ra.; y (b) parte de la parcela descrita como ‘Plaza de Recreo‘ con una cabida de 3735.7278 metros cuadrados, que quedó inscrita al folio 102 del tomo 151 de

Santurce Sur, finca Núm. 4884, inscripción 1ra.; todo ello sin consentimiento ni intervención de los legítimos due# *540 nos.(10)Se alegó que ilegalmente y por la escritura Núm. 17 otorgada en San Juan el 4 de junio de 1958 ante la Notario Margarita Landrau, el Gobierno de la Capital agrupó las referidas dos parcelas con otras más para formar otra finca con una cabida superficial de 12,019.4567 metros cuadrados, en lindes por el Norte con terrenos de Texaco Service Station, Blanco Auto Service y J.J. Gerardino; por el Sur con la Calle ‘Corchado‘; por el Este con la Calle ‘Figueroa‘ y por el Oeste con la Calle ‘Labra‘, finca esta que quedó inscrita al folio 134 del tomo 151 de Santurce Sur con el número 4891. Alegaron que dicha inscripción y sus agrupaciones son nulas por carecer el Municipio de San Juan de título alguno sobre dichas parcelas.” (11) Por una segunda causa de acción alegaron los recurrentes que por las Ordenanzas Núms. 84 de 1956-57 y 33 de 1957-58 relativas a la ‘Plaza de Recreo‘ y a parte de la Calle ‘Del Rosario‘, el Municipio de San Juan entró ilegalmente en la posesión de las referidas parcelas, de mala fe y sin justo título sobre ellas, y ha derivado frutos civiles. (12) Por una tercera causa de acción alegaron los recurrentes que el Gobierno de la Capital ha pretendido vender la finca agrupada de 12,019.4567 metros cuadrados, y que para facilitar dicho traspaso obtuvo la aprobación de la Ley Núm. 9 de 15 de mayo de 1962 dispensándole del requisito de subasta; y que el Municipio carece de poder para vender, con o sin subasta, la referida finca. (13) Solicitaron los recurrentes la nulidad y cancelación en el Registro de las inscripciones a favor del Gobierno de la Capital relativas a dichas parcelas ‘Plaza de Recreo‘ y Calle ‘Del Rosario‘; la nulidad de la escritura de agrupación Núm. 17 de 14 de junio de 1958 ya referida, así como la nulidad de la Certificación del Municipio de San Juan Núm. 465 de 7 de abril de 1958; que el tribunal ordenara al Municipio de San Juan la entrega a los recurrentes y personas representadas por ellos de las referidas dos *541 parcelas con la devolución de frutos derivados desde 1956 a 1957 e intereses, y que se prohibiera al Municipio la enajenación de dichas fincas. Solicitaron además los recurrentes que por tratarse de un ‘pleito de clase‘ el tribunal fijara los honorarios de sus abogados.’' (14) La demanda fue negada y las partes suscribieron una estipulación en virtud de la cual sometieron la prueba

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documental que debía ser aceptada como evidencia de ambas partes o como evidencia de alguna de ellas. Entre esta evidencia aparecen ciertas constancias del Pleito Civil Núm. R-5777 seguido ante el entonces Tribunal de Distrito de San Juan por Angela Figueroa Vda. de Torres Monge por sí y en representación de otros de su clase, contra el Gobierno de la Capital, sobre ‘Compensaciones y Daños‘. (15) Estipularon las partes que las descripciones de la ‘Plaza de Recreo‘ y de la parte de la Calle ‘Del Rosario‘ en litigio eran las que resultan del hecho primero--letras ‘B‘ y ‘C‘ respectivamente--de la escritura Núm. 17 otorgada en 4 de junio de 1958 ante la Notario Margarita Landrau, excepto que los demandantes alegan que parte de los terrenos al sur de la Calle ‘Del Rosario‘ son de su propiedad y no del Gobierno de la Capital, por lo cual debían figurar ellos como colindantes por la parte Sur. 2 Igualmente estipularon que la cabida exacta de la parcela en litigio sería determinada mediante una mensura y deslinde posterior a sentencia en caso de que la sentencia que se dictare en el pleito fuera favorable a los demandantes-recurrentes. (16) Estipularon además que una serie de actos oficiales e inscripciones que detallaron, incluyendo la agrupación hecha por la *542 escritura Núm. 17 de 4 de junio de 1958 para formar la finca 4891, que se refieren todos a ciertos predios de terrenos identificados y descritos de diversas formas y con distintas cabidas, comprenden entre ellos el pedazo de la Calle ‘Del Rosario‘ reclamado en la demanda, así como la ‘Plaza de Recreo‘. (17) Finalmente estipularon que el pedazo de la Calle ‘Del Rosario‘ en litigio y la ‘Plaza de Recreo‘ estuvieron dedicados al mismo uso público a que estaban dedicados cuando se dictó la sentencia en el caso R-5777 en el año 1948, y hasta la fecha en que los mismos fueron retirados del uso público por el Municipio de San Juan en el año 1957. (18) Con esta estipulación y la prueba documental ofrecida y con un breve testimonio oral del testigo Ernesto Figueroa respecto a que las personas mencionadas en el Anexo A de la demanda eran los sucesores, causahabientes o cesionarios de los dueños originales de la finca, quedó sometido el caso. De la prueba documental en el récord, surgen los siguientes hechos: i. Por escritura Núm. 159 de 12 de diciembre de 1923, otorgada en Ponce ante el Notario Felipe Colón Díaz, los

esposos Don Luis de la Cruz Santiago y Doña Rosa Figueroa Reyes adquirieron de Doña Rita de la Cruz Santiago las parcelas de 8,542.86 m/c y 3,200 m/c adjudicadas a ésta, descritas en los párrafos anteriores (6) y (7) marcadas en el Plano ‘A‘ y ‘B‘. Estas fincas quedaron inscritas a favor de los esposos De la Cruz-Figueroa Reyes en el Registro de la Propiedad. ii. Por escritura Núm. 6 otorgada en San Juan el 16 de enero de 1928 ante el Notario José Martínez Dávila, los esposos Luis de la Cruz y Rosa Figueroa Reyes segregaron de la parcela ‘A‘ de 8,542.86 m/c una porción de 5,313.44 m/c en lindes al Norte, en 110.59 metros con la finca principal de donde se segrega; al Este, en 48.20 metros con la calle ‘José Ramón Figueroa‘; Sur, en 46.16 metros primero con *543 el propio Luis de la Cruz (Parcela ‘B‘) de 3,200.72 m/c y segundo, en 60.04 metros con el Municipio de San Juan (Plaza de Recreo).” iii. Por la misma escritura Núm. 6 los esposos De la CruzFigueroa manifestaron que la anterior parcela segregada colindaba con la otra ‘B‘ de su propiedad de 3,200.72 m/ c y que formando ambas un solo cuerpo, procedieron a agruparlas en otra distinta que describieron como de 8,530 m/c [8,514.16 m/c] en lindes al Norte en 110.59 metros con la finca principal; al Sur, en dos alineaciones en forma de martillo de Este a Oeste, la primera de 44.16 metros en lindes con la Calle ‘Corchado‘ y la segunda de 60.04 metros en lindes con la ‘Plaza de Recreo‘; al Este en 120.58 metros con la Calle ‘José Ramón Figueroa‘; y al Oeste, en dos alineaciones en forma de martillo de Sur a Norte, la primera de 74.08 metros en lindes con la ‘Plaza de Recreo‘ y la segunda de 38.22 metros con la Calle ‘Labra‘. iv. Así agrupadas en una sola finca, los esposos De la CruzFigueroa vendieron esta porción de 8,530 [8,514.16] metros cuadrados al Municipio de San Juan al precio unitario de $6.00 el metro cuadrado y un total de $51,180. v. La anterior compra fue autorizada por Resolución Núm. 365 del Municipio de San Juan del año 1928, según enmendada por la Resolución Núm. 372 del mismo año. No obstante lo anterior, por Ordenanza posterior Núm. 72 de 27 de junio de 1929 se autorizó idéntica adquisición, y se otorgó de nuevo la escritura Núm. 12 de 15 de agosto de 1929 ante el Notario Edelmiro Martínez Rivera adquiriéndose la misma propiedad por el Municipio, sin que ni la Ordenanza Núm. 72 ni esta escritura hicieran relación o mención alguna a la

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Resolución Núm. 365 y a la escritura Núm. 6 anterior. En la parte expositiva de la Ordenanza Núm. 72 se expresa que el Sr. Luis de la Cruz donó al Municipio de San Juan y éste había aceptado la parcela de 4,500 m/c (Plaza de Recreo) colindante con esta propiedad. Nada hay en la prueba sometida que acredite que Don Luis *544 de la Cruz o su esposa Sra. Rita Santiago fueran dueños en algún momento antes de la parcela ‘Plaza de Recreo‘ supuestamente donada por él al Municipio. vi. Surge en forma indubitada de la anterior escritura Núm. 6 ante el Notario Martínez Dávila, y luego de la Núm. 12 ante el Notario Edelmiro Martínez Rivera, que la segregación y agrupación ahí realizadas incluyeron la porción de la Calle ‘Del Rosario‘ entre ‘José Ramón Figueroa‘ y ‘Labra‘, no obstante haberse separado este predio para calle en la escritura Núm. 4 de 1922 de división material de la finca ‘El Reloj‘, y que dicha porción no fue allí adjudicada a ninguno de los copartícipes. vii. La prueba en el récord no contiene las constancias del Registro a este respecto, ni contiene la cabida del remanente de la finca principal--Parcela ‘A‘ del Plano--de donde se hizo la segregación. En esas circunstancias no estamos en condiciones de determinar si al adquirir título sobre esta propiedad así agrupada el Municipio era o no un tercero según el Registro, y en ausencia de otra prueba, si era o no tercero civil de buena fe en lo que respecta al título sobre la porción que comprendía la Calle ‘Del Rosario‘ no adjudicada a la persona de quien el Municipio adquirió. viii. Resulta un hecho, en lo que respecta a dicha porción de calle que es una de las dos propiedades aquí en litigio, que el título del Municipio aparentemente no parte de la separación de terreno para calles--Calle ‘Del Rosario‘ --en la escritura Núm. 4 de 9 de enero de 1922, sino de las escrituras Núms. 6 de 16 de enero de 1928 y 12, de 15 de agosto de 1929; con sujeción a las impugnaciones que pudieran haber contra dicho título de no haber sido el Municipio un tercero protegido. ix. Por Ordenanza Núm. 85 de 5 de junio de 1957 se autorizó a la Administradora de la Capital a celebrar vistas públicas para retirar del uso público el tramo de la Calle ‘Del Rosario‘ entre ‘José *545 Víctor Figueroa‘ y la Carretera Estatal Núm. 2 (Labra). Se hace constar en la parte expositiva que dicho tramo siempre había estado agrupado a y formaba parte de un solar del Municipio y que dicha Calle nunca había sido usada como vía pública. Por la Ordenanza Núm. 33 de 7 de agosto

de 1957 se retiró del uso público el referido tramo de la Calle ‘Del Rosario‘. x. En 18 de diciembre de 1957 la Junta de Planificación rindió el Informe Núm. 58-p-833 sobre agrupación de terrenos del Gobierno de la Capital, que según quedó enmendado por otro de 22 de enero de 1958 autorizó la agrupación de la Parcela ‘B‘ del Plano anterior con el remanente de la ‘A‘ después de segregaciones para Garage Texaco, Blanco Auto Service y J. J. Gerardino; con la porción de la Calle ‘Del Rosario‘ entre ‘Figueroa‘ y ‘Labra‘, y con la parcela ‘Plaza de Recreo‘. Se describió la finca agrupada como parcela con una cabida de 12,019.4967 m/c en lindes por el Norte, con terrenos de Texaco Service Station, Blanco Auto Service y J. J. Gerardino; Sur, con la Calle ‘Corchado‘, Este, Calle ‘Figueroa‘ y Oeste, Calle ‘Labra‘. Se hizo constar en el Informe que la Calle ‘Del Rosario‘ había sido eliminada mediante Ordenanza Núm. 95 de 1955-1956. Se hizo constar, además, que la parte oeste de la Parcela agrupada se estaba utilizando para parque de recreo activo, y que la Junta no tenía objeción a que se retiraran del uso público los terrenos dedicados a parque de recreo y fueran dedicados a uso patrimonial siempre que se cumpliera con los trámites requeridos para actos de esa naturaleza. De este Informe y de su enmienda se tomó razón en el Registro de la Propiedad en 25 de agosto de 1958. xi. Por Certificación Núm. 465 de 7 de abril de 1958, y conforme a los Arts. 31 al 36 del Reglamento Hipotecario según enmendados, el Gobierno de la Capital obtuvo la inscripción a su favor de: (1) la parcela segregada según escritura Núm. 6 de 16 de enero de 1928 ante Martínez Dávila, con una cabida ahora de 3,775.2269 m/c; (2) *546 la parcela en litigio en todo momento descrita como ‘Plaza de Recreo‘, con una cabida ahora de 3,735.7278 m/c; y (3) la parcela parte de la calle ‘Del Rosario‘ en litigio, con una cabida de 1212.9462 m/c. xii. En la Certificación se le hizo constar al Registrador que la porción (1) se había adquirido en la forma ya dicha, y que las porciones (2) y (3) Plaza y Calle, se habían adquirido por cesión de la Sucn. de Carmen Reyes al Municipio mediante la escritura Núm. 4 de 9 de enero de 1922 ante el Notario Salicrup. Se hizo constar al Registrador que la porción (2) (Plaza) fue destinada desde mucho tiempo al uso público como ‘Plaza de Recreo‘ y que por Ordenanza Núm. 84, 1956-57, dicha plaza de recreo se retiró del uso público a

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patrimonial; que la porción (3) (Calle) fue destinada desde muchos años al uso público trazándose la Calle ‘Del Rosario‘ y que por Ordenanza Núm. 33, 1957-58, fue retirada del uso público a patrimonial. xiii. Hemos examinado la Ordenanza Núm. 84, 1956-57, ahí mencionada, y la propiedad en ella descrita a ser retirada del uso público y difícilmente puede conciliarse con la parcela desde el primer momento descrita como ‘Plaza de Recreo‘. Se hizo constar finalmente en esta Certificación que el Municipio de San Juan había estado en la posesión de las descritas tres parcelas por más de 30 años quieta, pública y pacíficamente, sin interrupción, y en concepto de dueño ‘desde la fecha de sus adquisiciones. ‘ Estas parcelas fueron inscritas separadamente a favor del Municipio en 15 de agosto de 1958, inscripciones primeras, no obstante que la porción (1) de 3,775.2269 m/c había sido, según el récord, objeto de agrupación con otra, formando un cuerpo distinto. xiv. Por escritura Núm. 17 de 4 de junio de 1958 ante la Notario Margarita Landrau se procedió a la agrupación de las tres porciones descritas en los párrafos xi y xii anteriores y Certificación Núm. 465 de 7 de abril de 1958, más una cuarta parcela de 3295.5558 m/c *547 (la parcela ‘B‘ del anterior Plano, de 3200.72 m/c rectificada ahora su cabida) formando una finca distinta que quedó inscrita como finca Núm. 4891 en 25 de agosto de 1958, inscripción 1ra. Esta parcela agrupada se describió con cabida de 12,019.4567 m/ c formando el polígono comprendido entre las Calles ‘Labra‘ por el Oeste, ‘Corchado‘ por el Sur y ‘Figueroa‘ por el Este, y en colindancia al Norte con Texaco, Blanco y Gerardino. Se ratificó en esta escritura la procedencia del título de las tres primeras parcelas según fue expresado en la Certificación 465, y se repitió que la Ordenanza Núm. 84 de 1956-57 había retirado la ‘Plaza de Recreo‘ del uso público. Repetimos que la descripción de la propiedad hecha en esta Ordenanza no responde a la descripción conocida de la ‘Plaza de Recreo‘. En lo que respecta a la cuarta parcela agrupada, que según el récord había sido adquirida por el Municipio por la escritura Núm. 6 de 16 de diciembre de 1928 agrupada a otra, se hace constar ahora que el Municipio la obtuvo por sentencia en el caso Civil Núm. 40,991 sobre Nulidad, etc., entre la Capital como demandante y Cipriano Manrique y otros como demandados, y que aparecía inscrita como finca Núm. 2554. (Esta finca había sido agrupada a otra en la escritura Núm. 6 aludida.)

xv. Por las R. C. Núms. 118 de 25 de junio de 1958 y 84 de 6 de junio de 1960, y escrituras Núms. 22 de 5 de septiembre de 1958 y 7 de 8 agosto de 1960, ambas ante la Notario Margarita Landrau, respectivamente, el título de esta parcela de 12,019.4567 m/c pasó al Pueblo de Puerto Rico y de nuevo al Municipio de San Juan. xvi. Por Ordenanza Núm. 46 de 15 de septiembre de 1960 se autorizó a la Administradora de la Capital a vender esta parcela de 12,019.4567 m/c por no tener utilidad pública para el Municipio. xvii. En el Informe 61-C-114 de la Junta de Planificación de 16 de noviembre de 1960 se recomendó favorablemente la venta propuesta por *548 la anterior Ordenanza. Se expresa en el Informe que las oficinas ubicadas en parte de estos terrenos se habían traslado; y que el ‘área recreativa‘ había sido sustituida por otras ubicadas en sectores adyacentes; que estos terrenos serían permutados al Negociado de Correos Federal por otro solar, aunque el Correo había desistido de construir su oficina central en ese sitio. Se aprobó el proyecto considerando que el terreno (predio de 12,019.4567 m/c) no tenía uso para el Municipio y que con el producto de la venta podrían atenderse otros programas y siempre que la venta se ajustara a la zonificación vigente. xviii. En igual fecha, 16 de noviembre de 1960, la Junta de Planificación rindió el Informe 61-P-1007, en que reiterando que ya esta propiedad no estaba dedicada al uso público, autorizó su venta (12,019.4567) en tres parcelas segregadas de 4,019.4967 [.4567] m/c y otras dos de 4,000 m/c cada una. Autorizó la segregación ahí envuelta dispensando al Municipio del Reglamento, a fin de que el Registrador inscribiera las parcelas segregadas. xix. Por Ley Núm. 9 de 15 de mayo de 1962, la Asamblea Legislativa autorizó al Municipio la venta de la parcela de 12,019.4567 m/c sin sujeción a subasta, por precio mínimo de $800,000. xx. Según Informe Núm. 62-P-1401 de la Junta de Planificación fechado 14 de marzo de 1962, se autorizó al Municipio de San Juan a arrendar, para fines de estacionamiento, terrenos al Este de la Calle ‘Labra‘ esquina ‘Corchado‘ descritos como Parcela de 6,011.34 m/c en lindes por el Norte con la Calle ‘Labra‘ y J. J. Gerardino, Blanco Auto Service y Estación Texaco; Sur, Calle ‘Corchado‘ y

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terrenos de Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y Municipio de San Juan; Este, con Municipio de San Juan y Gerardino, Blanco y Texaco, y Oeste, Calles ‘Labra‘ y ‘Corchado‘ y Autoridad de Acueductos. Presumiblemente, esta parcela de 6,011.34 m/c forma parte del polígono de 12,019.4567 m/c antes descrito y, *549 posiblemente, aunque no podemos decirlo con exactitud dada la anterior descripción, la ‘Plaza de Recreo‘ o parte de ella y la porción de la Calle ‘Del Rosario‘ en litigio, están igualmente incluidas. xxi. En 22 de enero de 1964 la Junta de Subastas del Municipio de San Juan adjudicó el arrendamiento de la parcela de 6,011.34 m/c anteriormente descrita para fines de estacionamiento a Arcadio Morales por el canon de $635.00 mensuales. El contrato fue aceptado en 29 de enero de 1964. xxii. En 1 de febrero de 1946, y en virtud de comunicación enviada al Registrador por el entonces abogado del Municipio de San Juan, Lcdo. Fernando B. Fornaris, el Registrador extendió nota al margen de la inscripción de la finca ‘El Reloj‘ haciendo constar las porciones separadas para calles en la partición de esta finca. Distinto a otras expresiones en cuanto a la Calle ‘Del Rosario‘, en este documento el Municipio hace constar a través de su abogado, que estas calles fueron ‘abiertas y puestas al servicio o dominio público, han estado y están en uso y aprovechamiento del pro común.‘ En Certificación de 29 de noviembre de 1963 el Registrador certifica que con respecto a las áreas reservadas para calles no se ha practicado segregación alguna, y que la finca ‘El Reloj‘--salvo las segregaciones hechas inscritas como fincas separadas-- aparece inscrita a favor de Angela, Juan, JoséVíctor, Angel y Casimiro Figueroa y Reyes y de Luis de la Cruz y de Enrique Adsuar Boneta.” xxiii. Angela Figueroa Vda. de Torres Monge, por sí y en representación de otros de su clase, interpuso demanda contra el Gobierno de la Capital, fechada 25 de junio de 1945, Civil Núm. R-5777 del anterior Tribunal de Distrito de San Juan, sobre ‘Compensación y Daños‘. Alegó que las siguientes personas se encontraban en la misma posición que la demandante: José Víctor Figueroa, Rita de la Cruz Santiago, Casimiro Figueroa, Sucn. Enrique Adsuar, Angel Figueroa Reyes y Juan Figueroa Reyes.xxiv.Se *550 alegó en esta demanda que en momento alguno la demandante ni los otros condueños cedieron, traspasaron o donaron gratuitamente al Municipio de San Juan los terrenos seleccionados para calles dentro de la finca ‘El Reloj‘, pero que sin su oposición

y mediante el reconocimiento de sus derechos sobre los referidos terrenos así como el de ser compensados por el valor justo y equitativo de los mismos, el Municipio procedió a pavimentar y a dedicar al uso público ‘algunas‘ de las calles indicadas; que la Calle ‘Del Rosario‘ había sido totalmente suprimida incorporándose parte de ella a un solar propiedad del Municipio y parte a la parcela deslindada para plaza de recreo; que esos terrenos tenían un valor de $250,297.90 sin que el Municipio la hubiera compensado a ella ni a los otros condueños; que no había recibido compensación del Municipio por 2000 m/c que ocupaba la parte de la Calle ‘Del Rosario‘ incorporada por el Municipio a otra propiedad suya con un valor esta porción de $30,000; que el Municipio retenía y ocupaba el solar separado para plaza de recreo sin título alguno, así como otra porción de la Calle ‘Del Rosario‘ parte de este solar, teniendo ambos 4,000 m/c; que el Municipio había cedido esta propiedad a una entidad privada para el establecimiento de un parque atlético o con otros propósitos, privando a la demandante de esta propiedad, con valor de $80,000. Se solicitó en la súplica que se dictara sentencia obligando al Municipio de San Juan a satisfacer las sumas antes mencionadas. xxv. El Municipio negó los hechos esenciales y entre otras cosas, alegó en su contestación enmendada que Administraciones anteriores habían levantado una edificación de madera sobre un trozo de la Calle ‘Del Rosario‘ la cual era removible, sin que tuviera la intención de apoderarse de un trozo de la referida calle por pertenecer a la comunidad en general al haber sido dedicada al uso público; que el Municipio no había incorporado parte de dicha calle *551 a propiedad suya, siendo lo cierto que Luis de la Cruz Santiago había vendido al Municipio por la escritura de 16 de enero de 1928 ante Martínez Dávila una parcela compuesta de 8530 m/ c formada por otras dos y que fueron agrupadas como una sola finca incluyendo ‘fraudulentamente‘ el área que abarcaba la Calle ‘Del Rosario‘ entre las de ‘Figueroa‘ y ‘Labra‘, con una cabida de 1259.85 m/c; que el Servicio Insular de Parques de Puerto Rico procedió a construir un Parque de Recreo en la parcela destinada a ‘Plaza de Recreo‘ según la escritura Núm. 4 de 1922, y que dicho parque era un sitio enteramente público para los fines de su dedicación. En esta demanda se pretendió cobrarle al Municipio de San Juan el valor pecuniario de todas las áreas separadas para calles en la escritura de 1922 de división de la finca ‘El Reloj‘ así como el área destinada a ‘Plaza de Recreo‘. Posteriormente se enmendó la súplica para

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que en su defecto se ordenara la devolución y entrega a los demandantes de las referidas áreas. xxvi. El caso Civil R-5777 fue fallado por sentencia de 10 de noviembre de 1948. En sus conclusiones de hecho determinó el Juez Cordovés Arana, entre otras determinaciones basadas en la prueba y en una inspección ocular: 1. Que la Calle ‘Del Rosario‘ estaba en parte abierta al público aunque sobre una porción de la misma el Municipio tenía construido un edificio de madera y columnas usado como garage desde 1940 y el cual interrumpía el tráfico por dicha calle. Que existían además otras construcciones del Municipio sobre la misma calle. 2. Que los otorgantes de la escritura Núm. 4 de 9 de enero de 1922 se encontraban en la misma posición legal que la allí demandante. 3. Que la parcela destinada a ‘Plaza de Recreo‘ estaba (al dictarse sentencia) abierta al público como un parque atlético administrado *552 por la Comisión de Parques del Gobierno Insular. El terreno del parque era poyaloso o pantanoso y para ser dedicado a parque atlético fue rellenado, nivelado y acondicionado, siendo a la fecha un sitio público en donde habían canchas de tenis y de baloncesto, un diamante para jugar pelota y otros aparatos de diversión para niños. Que estas obras fueron financiadas por el Programa de Emergencia de Guerra (P.E.G.) y auspiciadas por el Servicio Insular de Parques. 4. Que las dos parcelas agrupadas por Luis de la Cruz en la escritura Núm. 6 de 1928 ante Martínez Dávila y la 12 ante Martínez Rivera no colindaban entre sí, estando en medio la Calle ‘Del Rosario‘. 5. Que una porción de la Calle ‘Del Rosario‘ de 705.93 m/c al Este de la Calle ‘Labra‘ había sido incorporada al área del parque y se usaba como tal pero podía ser separada y convertida en calle nuevamente. La Calle ‘Del Rosario‘ estaba afirmada en parte y en parte sólo rellenada. 6. Que en relación con la tasación de la finca ‘El Reloj‘, los 50,018 m/c destinados a calles y los 4,500 destinados a ‘Plaza de Recreo‘ quedaron sin tributar desde el año 1922-23. xxvii. Concluyó en derecho el Juez Cordovés Arana:

1. Que del hecho de que la demandante en aquel caso había renunciado a su primera causa de acción (en ésta se reclamaba el valor pecuniario de las áreas separadas para calles en el monto de $250,297.90), él podía inferir que ella y los otros habían aceptado que dichos terrenos para calles y plaza fueron ‘cedidos, traspasados y donados gratuitamente al extinto Municipio de San Juan‘, y por éste ‘dedicados al uso público para el cual fueron cedidos, con excepción de un trozo de la Calle ?Rosario’ y la parcela destinada a plaza.‘ *553 2.Que de no ser lógica esa inferencia, llegaría a la misma conclusión por resultar de la prueba que los referidos terrenos habían quedado fuera de tributación desde el año 1922-23 por pertenecer los mismos al Municipio que los tenía dedicados al uso público, y por resultar, además, que los dueños de los solares adyacentes a dichas calles habían traspasado muchos de ellos a terceras personas, adquiriendo estos terceros el derecho al uso de esas calles conjuntamente con el público en general.” 3. Concluyó el Juez Cordovés que la Calle ‘Del Rosario‘, en el trozo comprendido entre las de ‘Figueroa‘ y ‘Labra‘ había desaparecido totalmente y su superficie de 1259.85 m/c estaba ‘dedicada por el Gobierno de la Capital a usos distintos a aquellos para los cuales fue donada.‘ Sobre 553.92 m/c de esa área el Municipio tenía edificaciones y los restantes 705.93 los había integrado al Parque Atlético administrado por la Comisión de Parques del Gobierno Insular. 4. Que la parcela donada para ‘Plaza de Recreo‘ había sido agrupada a un solar del Municipio junto a los 705.93 m/c de la Calle ‘Del Rosario‘ y en esta área se construyó el Parque Atlético financiado con fondos del Programa de Emergencia de Guerra. 5. Concluyó el Juez Cordovés Arana que el Gobierno de la Capital se apartó o desvió de los fines para los cuales ‘se hizo la dedicación y consagración ‘ en cuanto al referido trozo de la Calle ‘Del Rosario‘ y la parcela para plaza pública, si bien en cuanto a ésta, el fin para el cual estaba siendo dedicada no era ‘inconsistente‘ con el propósito para el cual ‘fue donada‘. Determinó el Magistrado que había una diferencia entre una ‘Plaza de Recreo‘ y un ‘Parque Atlético‘. Determinó igualmente que en dicha área el Municipio podía construir la ‘Plaza de Recreo‘ en la parcela ‘donada‘ a este fin y al mismo tiempo conservar el Parque en los terrenos que eran de su propiedad.6.Finalmente *554 concluyó que estas actuaciones del Municipio no revelaban un abandono suyo de

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la ‘dedicación‘ y que tampoco daban lugar a que los terrenos revirtieran a sus antiguos dueños ‘ya que su uso continúa siendo del público.‘ Que en cuanto al trozo de la Calle ‘Del Rosario‘ dedicado por el Municipio a fines distintos para los que fue ‘donada‘ dicha Calle, el Municipio ‘podría ser obligado al cumplimiento específico de la dedicación, removiendo las estructuras que existen sobre el mismo, que de acuerdo con la prueba pueden ser fácilmente removidas, y reconstruir dicho trozo de calle para abrirlo al público.‘ xxviii. Resolviendo, por los fundamentos expuestos, que la allí demandante y personas en posición parecida no tenían base legal para recobrar los terrenos envueltos en ese pleito ni su valor pecuniario, y que el remedio podría ser la acción para obligar al Municipio de la Capital al ‘cumplimiento específico de las condiciones de la dedicación‘, se declaró sin lugar la demanda, Civil Núm. R-5777. (19) La Sala sentenciadora en el presente recurso concluyó al disponer del caso: i. Que había identidad de partes entre los aquí demandantes y los demandantes en el pleito R-5777, siendo los ahora demandantes causahabientes de aquéllos, excepto Angela Figueroa que sobrevive. ii. Que existía identidad de cosas con el anterior pleito. iii. Que habiendo quedado establecido en el pleito R-5777, como en éste, que los terrenos en controversia pasaron del dominio privado de los demandantes al dominio público, ya estaba judicialmente adjudicado que los demandantes no son dueños de los predios en litigio. iv. Y ‘que siendo la sentencia dictada en el caso anterior, R-5777, final y firme, existiendo la más perfecta identidad en los litigantes y sus causahabientes y las cosas y causas objeto del *555 pleito ya que la referida sentencia resuelve definitivamente el asunto del título, es inescapable la conclusión de que procede declarar con lugar la defensa de cosa juzgada. Muñoz v. Pardo, 68 D.P.R. 612-616 (1948); Silva v. Doe, 75 D.P.R. 209, 214 (1953); Araújo v. Arenas, 60 D.P.R. 284, 296-297 (1942).‘ ‘Pero aun asumiendo que no prosperare la defensa de cosa juzgada, no podría discutirse ni re-litigarse en este pleito la cuestión del título del Municipio sobre los terrenos en controversia ya que el hecho específico del título a favor del Municipio es un hecho esencial (ultimate fact) previamente

adjudicado entre las partes en el tantas veces mencionado caso R-5777, el cual no puede ser objeto de nueva litigación bajo la teoría del impedimento colateral por sentencia (colateral estoppel by judgment). Fuentes v. Tribunal de Distrito, 73 D.P.R. 959, 980 (1952); Pereira v. Hernández, 83 D.P.R. 160 (1961)” v. Considerando que el pleito resultaba ser cosa juzgada en cuanto al hecho esencial del título del Municipio, o que había impedimento para impugnarlo por haberse adjudicado ya por sentencia firme, la Sala expresó que creía innecesario fallar otras cuestiones de derecho y procedió a desestimar la demanda. Entre esas otras cuestiones de derecho reservadas mencionó ‘la reversión de la posesión al donante o sus causahabientes si el uso público es abandonado en cualquier tiempo y por cualquier motivo.‘ --III-Consideración de la Cuestión Litigiosa A. --La Cosa Juzgada. Entre las presunciones que establece el Código Civil--Art. 1204, ed. 1930--se dice que ‘Contra la presunción de que la cosa juzgada es verdad, sólo será eficaz la sentencia ganada en juicio de revisión.‘; que para que la presunción surta efecto en otro juicio, *556 ‘Es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta sea invocada, concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron.‘ (Énfasis nuestro.) Más adelante: ‘... que hay identidad de personas siempre que los litigantes del segundo pleito sean causahabientes de los que contendieron en el pleito anterior, o estén unidos a ellos por vínculos de solidaridad o por los que establece la indivisibilidad de las prestaciones entre los que tienen derecho a exigirlas u obligación de satisfacerlas.‘ La presunción de la cosa juzgada tiene bien definidas excepciones en ley, y de orden equitativas. Pérez v. Bauzá, 83 D.P.R. 220, 225 (1961); Millán v. Caribe Motors Corp., 83 D.P.R. 494, págs. 505, 510 (1961); Suárez Fuentes v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 136, 151 (1963); Viera v. Comisión Hípica, 81 D.P.R. 707, 720 (1960); Tartak v. Tribl. de Distrito, 74 D.P.R. 862, 870 (1953); Vidal v. Monagas, 66 D.P.R. 622, 631 y sgs. (1946) y véanse opinión confirmando en 179 F.2d 99, 106; cert. denegado, 335 U.S. 911; Riera v. Pizá, 85 D.P.R. 268, 274 y sgs. (1962); Rodríguez v. Sucn.

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Pirazzi, 89 D.P.R. 506, págs. 518 a 520 (1963); Feliciano Ruiz v. Alfonso Develop. Corp., 96 D.P.R. 108, 113 (1968). Surge inicialmente en la consideración de este aspecto del recurso, el problema que señala la manera representativa en que se han interpuesto ambas acciones, la del pleito R-5777 y ésta. La demanda R-5777 no es una interpuesta afirmativamente por todos los otorgantes de la escritura Núm. 4 de 1922 como co-partes en una demanda. (Reglas 19 y 20 de Enjuiciamiento Civil de 1943.) Compareció allí únicamente Angela Figueroa y aparentemente asumió una representación alegando que otras personas mencionadas se encontraban en la misma posición legal y de hecho que la de ella. El Municipio negó esta alegación como cuestión de hecho. Aparentemente esa fue una acción bajo la Regla 23 de 1943, que *557 permitía el pleito de clase. Bajo esa Regla, una persona podía asumir la representación de otras cuando la naturaleza del derecho solicitado a favor o en contra de la clase fuera: ‘(1) Conjunta, o común, o subsidiaria, en el sentido de que el propietario del derecho primario rehusa hacer valer dicho derecho y un miembro de la clase, por lo tanto, adquiere el derecho a reclamarlo; ‘(2) Separada y el objeto del pleito sea la adjudicación de reclamaciones que afecten o pudieran afectar una propiedad específica envuelta en la acción; o ‘(3) Separada y existiere una cuestión común de derecho o de hecho que afectare los distintos derechos y se solicitare un remedio común. ‘ (Regla 23, 1943.) Esta Regla le dio aquí vigencia a la Regla 23 de las de Procedimiento Federal. El presente pleito se instó bajo la Regla 20.1 de las de Procedimiento Civil de 1958. En esencia y sustancia es igual a la de 1943, sólo algunos cambios en la exposición. 3 En Caguas L. Y., Inc. v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 848, decidido en 28 de enero de 1969, seguimos la glosa judicial de otras jurisdicciones que cataloga la acción de clase bajo el párrafo (1) como la genuina acción de clase; aquella bajo el párrafo (2) como una acción de clase híbrida, y la del párrafo (3) como acción de clase espuria. 4 Llegamos a la conclusión de que no es necesario ahora adentrarnos en una consideración y discusión pormenorizada

en cuanto a la *558 clasificación en que caen los pleitos aquí llevados, y su efecto en lo que respecta a la cosa juzgada. El récord nos convence, con independencia de los anteriores factores, que no procedía por parte de la Sala sentenciadora sostener la defensa de cosa juzgada, aun en cuanto a la propia Angela Figueroa, única compareciente directa en ambos litigios. La escritura Núm. 4 de 9 de enero de 1922, base del pleito, expresa literalmente: ‘Que los condueños de la finca El Reloj han tenido diversas conferencias y reuniones para tratar de esta división y últimamente se reunieron en San Juan, en las oficinas del Banco Comercial de Puerto Rico con fecha nueve de Octubre de mil novecientos veintiuno, y acordaron llevar a cabo la división material de una parte de la finca El Reloj antes descrita, determinando al efecto, para el mejoramiento de la finca en beneficio de todos, las diversas calles y plaza de recreo previamente convenidas; las cuales son las siguientes: (Se describen.) (Énfasis puesto.)” La anterior es toda la expresión en el récord que serviría de base al criterio de una ‘cesión‘ de la propiedad por parte de sus dueños o de una ‘aplicación‘ o ‘destino‘ de las áreas de calles y plaza ‘en beneficio de todos.‘ Resolvió el Juez Cordovés y quedó claramente adjudicado en su sentencia, en lo concerniente a la plaza de recreo y a la parte de la calle ‘Del Rosario‘ que ahora se litigan, que el Municipio no les estaba dando el uso público para el cual habían sido ‘cedidas‘. La calle, porque había levantado el Municipio una edificación en parte de ella que interrumpía el tránsito, y la otra porción la había integrado a la plaza; y la plaza, porque no estaba siendo usada como ‘plaza de recreo‘ que era el uso para el cual había sido *559 ‘cedida‘ por los dueños, sino que conjuntamente con la porción de la calle ‘Del Rosario‘ que le adicionaron, era usada públicamente como parque atlético, siendo de opinión el juez que el uso de ‘plaza de recreo‘ y el de ‘parque atlético‘ no eran el mismo uso público. Considerando el Juez Cordovés que la edificación levantada en parte de la calle ‘Del Rosario‘ era fácilmente removible, y que la parte integrada a la plaza era restituible como calle; y considerando que el uso público a que estaba destinada la ‘plaza de recreo‘ como parque atlético no era ‘inconsistente‘ (‘incompatible‘) con aquel a que fue destinada por los dueños, y que era fácil mantener ambos usos públicos, el parque atlético en terrenos que allí pertenecían al Municipio, y la plaza en el terreno destinado para ello,

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resolvió y fallo el Juez Cordovés, ante esa situación de hechos, que no era procedente declarar con lugar aquella demanda y compensar a la allí demandante y a los otros en el valor de tales terrenos. En abono de lo decidido, expresó el Juez Cordovés que los dueños tenían una causa de acción para obligar al Municipio a restituir el uso público destinado por ellos.’' Nada hay en el fallo del Juez Cordovés en el pleito R-5777, que adjudicara a favor del Municipio el título patrimonial sobre estos bienes, que es el hecho sustancial que se litiga en el presente caso. No podía haber quedado allí juzgado este hecho esencial al actual pleito, ya que los acontecimientos del retiro permanente de esos bienes del uso público, y en su consecuencia, la conversión por el Municipio de los mismos a su haber patrimonial, occurrieron con posterioridad al haberse dictado sentencia en el pleito anterior. 5 *560 En Chabrán v. Méndez, 74 D.P.R. 768 (1953), ya habíamos dicho sobre lo anterior citando de Restatement, Judgments, Sec. 54, pág. 211 (74 D.P.R. págs. 782-784): ‘?Cuando se dicta sentencia a favor de un demandado por el fundamento de que no existe un hecho esencial a la causa de acción del demandante, éste no está impedido de radicar otro pleito al surgir luego ese hecho... En tal caso si el demandante insta su acción antes de que el evento ocurra, y se dicta sentencia a favor del demandado por dicho motivo, el demandante no está impedido de instar una acción después de ocurrido el evento.’‘ (Énfasis puesto.) En Fels v. Biascoechea, 77 D.P.R. 681, citando de 2 Freeman, Judgments, 5ta. Ed., págs. 1501-4, reafirmamos lo dicho en Chabrán, ante, (77 D.P.R. 685-686): ‘?Y lo mismo es cierto con respecto a una decisión de que no existe derecho o causa de acción alguna; ésta no impide una segunda acción cuando los hechos nuevos han creado un derecho o causa de acción’...(Énfasis puesto.) ... Toda vez que en la demanda que ahora está ante nos se alega específicamente que ?liquidado el negocio entre demandante y demandado ... resultó un balance a favor del demandante y contra el demandado ...', ese nuevo hecho crea una causa de acción en favor del demandante, y, a tenor de las citas anteriores, las sentencias dictadas por los tribunales del país vecino no resultan ser res judicata.‘

En el pleito ante nos, el hecho esencial que dio base a ejercitar *561 esta causa de acción surgió, como razón de pedir de un remedio judicial, con posterioridad al fallo del pleito R-5777, o sea, surgió al terminarse definitivamente en 1957, por acción gubernamental, el uso y dominio del público de la plaza y de la porción de calle en litigio, y darse el Municipio a sí mismo un título de dominio patrimonial y privativo sobre dichos bienes según la Certificación Núm. 465 de 7 de abril de 1958 ya mencionada y las Ordenanzas 84 de 1956-57 y 85 de 5 de junio de 1957. Por los fundamentos expresados, no procedía el sostener en este pleito la defensa de la cosa juzgada. B. --El Título. Ante el cuadro de hechos que surge del récord, la cuestión litigiosa gira en torno al derecho de propiedad de los demandantes sobre estos bienes contra el derecho de propiedad que con carácter patrimonial y privativo el Municipio alega tener sobre los mismos. Por no ser idénticas las circunstancias en cuanto a la porción de calle y en lo que respecta a la plaza, trataremos por separado cada caso. 1. --La Plaza. Distinto a la situación de hecho que de ordinario presentan los casos decididos en donde existe el traspaso formal de título propietario de unos bienes a una entidad gubernamental, con la condición impuesta de que han de ser dedicados al uso y dominio del público, es un hecho irrefutable que en éste la demandante Angela Figueroa Reyes y los causantes de los demás co-demandantes no cedieron ni traspasaron título patrimonial alguno a favor del Municipio de los 4,500 m/ c que en la escritura Núm. 4 de 9 de enero de 1922 ellos separaron para plaza de recreo. Todo lo que se expresa en dicha escritura es lo que ya antes mencionamos: que reunidos los condómines, (citamos): ‘... acordaron llevar a cabo la división material de una parte de la finca El Reloj antes descrita, determinando al efecto, para el *562 mejoramiento de la finca en beneficio de todos, las diversas calles y plaza de recreo previamente convenidas; las cuales son las siguientes: (Se describen.) (Énfasis nuestro.)”

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Es un hecho irrefutable que la plaza de recreo fue real y efectivamente destinada al uso y dominio del público, y así lo adjudicó el Juez Cordovés Arana en su sentencia de 1948. Siguió destinada a tal uso y dominio del público hasta que el Municipio, con la anuencia de la Junta de Planificación, terminó dicho uso y dominio en 1957 y por la Certificación Núm. 465 de 7 de abril de 1958 inscribió dicha plaza en el Registro como un bien patrimonial y privativo suyo. Es otro hecho irrefutable que a partir de esta conversión en 1957, el Municipio ha estado en la posesión de la plaza y ha realizado actos de pleno dominio sobre ella, como el hecho de agruparla con otros predios privativos suyos y así agrupada tratar de venderla o permutarla, y luego arrendarla a tercero para estacionamiento de vehículos. A la luz de estos hechos, cualquier título patrimonial o privativo del Municipio habría de surgirle por vía de la prescripción adquisitiva, en ausencia de un título escriturario de cesión y traspaso del dominio por parte de los dueños, y en ausencia de legislación especial sobre la materia que dispusiera, en esas circunstancias, la consolidación de un título patrimonial a favor del Municipio. Al aspecto de la prescripción nos referiremos un poco más adelante. --O--O-El problema al cual aquí nos enfrentamos, sobre el destino de bienes que han estado dedicados al uso y al dominio del público al terminar tal uso y dominio, tiene hondas raíces históricas en ambos sistemas occidentales de jurisprudencia, latino y sajón. Están fuera de estas consideraciones el bien de uso y dominio público que nunca es susceptible del comercio de los hombres, y que carece de la condición de ser alienable y prescriptible, a *563 distinción de aquellos bienes que, de naturaleza alienable y en el comercio de los hombres, son destinados o aplicados al uso y dominio del público y luego cesa tal uso. Este segundo tipo de bienes es el envuelto en esta litigación. Cf. Rubert Armstrong v. E. L. A., 97 D.P.R. 588 (1969). En varias jurisdicciones estatales americanas existe legislación positiva que reglamenta a priori todo lo concerniente a la dedicación y aplicación de bienes privados al uso y dominio del público, incluyendo las cuestiones de título. Esta legislación positiva a veces ha modificado normas

históricas de la Ley Común inglesa, y en tal caso, el destino y aplicación por un dueño de sus bienes al uso y dominio del público se rige, tanto en los aspectos sustantivos como en los de forma, por esas expresiones de ley positiva y su acto engendra aquellas consecuencias jurídicas que la legislación dispone. 5a Bajo las normas clásicas de la Ley Común inglesa, en ausencia de legislación positiva que las modifique y en ausencia de expresión de voluntad del dueño cediendo o traspasando su título o imponiéndole restricciones al mismo, las cortes estatales americanas están de acuerdo, siguiendo la Ley Común, en que terminado el uso y dominio del público sobre bienes alienables que fueron aplicados a tal uso, los mismos revierten al uso y disfrute del dueño que así los destinó y aplicó. En tal caso, no ha habido desprendimiento de título, y tanto la doctrina latina como la Ley Común inglesa coinciden en el criterio de que en tal situación la intervención del Estado, el Municipio o de cualquier otra entidad pública es una de orden reguladora en la capacidad de un administrador, y no en la capacidad de un propietario. 6 *564 Enlo que respecta al Libro II--Propiedad--del Código Civil, en su Código Civil de 1808 así como en la revisión de éste que hiciera en 1825, Louisiana se apartó en aspectos básicos del Código de Napoleón de 1804, con sus disposiciones éste sobre dicho Libro más afines y semejantes a las que luego forman parte del articulado del Código Civil Español. Louisiana prefirió acogerse a principios de la Ley *565 Común sobre la propiedad, codificando esos principios en legislación positiva. Así: --su Art. 482 actual (Art. 474 Código Civil 1825), que se aparta del Código Napoleónico y del Español, y reza: ‘Entre las cosas que no son susceptibles de apropiación están comprendidas aquellas que no pueden ser propiedad particular por razón de su objeto, tales como las cosas en común o sean aquellas cuyo uso y disfrute pertenece a todos los hombres. ‘Hay cosas, por el contrario, que aunque por su naturaleza son susceptibles de propiedad particular, pierden esta cualidad como consecuencia de la aplicación que de ellas se hace para fines públicos incompatibles con la propiedad privada, si bien pueden adquirir su primitiva condición tan pronto cese el fin público que se las hubiera dado; tales son las carreteras, calles y plazas p #ublicas‘. LSA C.C. Art. 482.

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Según el anterior Art. 482, aquellos bienes en el comercio de los hombres con condición de alienables que se han aplicado o destinado al uso y dominio del público dejan de ser propiedad particular por incompatibilidad de uso, pero si el uso público termina, readquieren su condición primitiva de bien particular del dueño; ya el dueño sea un individuo, o ya sea el propio Estado o municipio o entidad pública en su capacidad patrimonial. 7 *566 En Puerto Rico rige idéntico orden civil. En lo que concierne al Libro Segundo--Propiedad--la Comisión Codificadora de 1901 creada por la Ley Foraker prefirió adoptar mucho del articulado del Código Civil de Louisiana de 1825, por sobre las disposiciones del Código Civil Español que nos regía desde el 1ro. de enero de 1890. Esta fue una preferencia consciente y deseada, por cuanto de los tres Comisionados, correspondió al connotado civilista y legislador puertorriqueño Don Juan Hernández López la labor de preparar el Código Civil que luego fue aprobado por la Asamblea Legislativa por Ley de 1ro. de marzo de 1902 y nos rige desde el 1ro. de julio de ese año. 8 Así, se trajo literalmente a nuestro orden civil el Art. 482 de Louisiana antes transcrito y comentado, como el Art. 349 del Código Civil de 1902 que continuó en vigor como el 274 de la edición de 1930. *567 Enuna decisión de 1865, Louisiana interpreta y aplica el Art. 474 de 1825, igual a su Art. 482 actual, en el sentido de que al cesar el uso público de una faja de terreno dedicada por su dueño a carretera, el título pertenecía al dueño y no a propietarios adyacentes a dicha vía. Se resuelve que el hecho de que el dueño vendiera solares adyacentes a la carretera no constituía hecho suficiente de desprendimiento de su título que le privara del mismo conforme al Art. 474 (482). Méndez v. Dugard, 29 La. Reports 116, 117. Así había sido interpretado el Art. 482 cuando lo adoptamos en 1902. El anterior principio se reafirma en otro conocido caso --Louisiana Highway Commission v. Raxdale (La. 1943), 12 So.2d 631, págs. 634 y ss. Aquí, un causante de los demandantes vendió al Municipio de Alexandria en 1868 por escritura pública que fue registrada, una faja de terreno parte de un predio mayor, haciéndose constar que era para calle. El precio, $50.00. De hecho la faja nunca se usó como calle y se consideró que el uso público había sido abandonado.

Aplicando y siguiendo el Art. 482 en el sentido de que este era un bien susceptible de revertir a la propiedad privada terminado el uso público, o en ausencia de tal uso, la Corte sostuvo que si bien el causante de los demandantes había traspasado título a favor de la municipalidad por escritura registrada, él y los demandantes, sus causahabientes, habían estado en posesión del predio como dueños por más de 30 años y a éstos favorecía un título por prescripción adquisitiva contra la municipalidad. En Ferrente v. Tantilla se ratifica la norma y se dice, 42 So.2d 379 (La) 1949, a la pág. 381: ‘No hay duda bajo la jurisprudencia de este estado que cuando se abandona una carretera pública, la porción abandonada revierte a la propiedad privada de la persona dueña del terreno por sobre que *568 pasa. Véase Goree v. Midstates Oil Corporation, 205 La. 988, 18 So.2d 591, y el Artículo 482 del Código Civil de Louisiana.‘ En este caso se resolvió, no obstante, que como cuestión de hecho el uso público no había terminado o se había abandonado. En la decisión posterior de Green v. Chamberlain, (La.) 1952, 60 So.2d 120, en una amplia discusión a las págs. 125 y ss., se dice después de citarse verbatim el Art. 482: ‘Es de notarse que el artículo no hace sitios públicos per se no susceptibles de propiedad particular, sino solamente cuando se destinan a un propósito público incompatible con la propiedad privada.‘ (Énfasis en la decisión.) En un caso de mucho parecido con el presente en sus hechos, un propietario en 1812 marcó en plano de su propiedad un ‘predio‘ destinado a plaza pública de recreo. En efecto, el predio así se usó por el público hasta 1886. En 1882 la municipalidad, por ordenanza, traspasó o intentó traspasar la plaza a la Junta de Educación, y en 1886 ésta erigió en ella una escuela, cesando el uso público como plaza. La Junta instó acción contra los herederos del dueño para hacer prevalecer su título sobre el de éstos. La Corte Suprema de Kentucky--City of Bowling Green v. Board of Education, et al, 278 S.W.2d 726--antes esos hechos resolvió que al traspasar la municipalidad el predio a la Junta cesó el uso público de la plaza, y en ese momento el título del predio así destinado revertió al dueño original. Con abundantes citas de autoridades, dijo la Corte: (pág. 727)

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‘Cuando propiedad que ha sido destinada al uso público es abandonada o cedida, el derecho del público termina, y la propiedad en derecho revierte al que así la destinó.‘ (citas) Resolviendo entonces la cuestión del título entre la Junta y los herederos del dueño, sostuvo la corte que el título había revertido *569 a éstos en 1886 cuando cesó el uso público y la Junta edificó la escuela, pero habiendo estado la Junta en la posesión pública y exclusiva del predio desde esa fecha y por tiempo suficiente, su posesión adversa a la de los herederos le daba un título superior dominical al de éstos, por prescripción adquisitiva. Igual doctrina básica ha seguido California al cesar el uso público de calles. Cf. Loma Vista Investment v. Roman Catholic Archbishop, 1958, 322 P.2d 35, 38. No ponemos en tela de juicio la facultad que tenía el Municipio de San Juan para sacar del uso público la plaza y la calle, siguiendo, como los siguió, los procedimientos de ley a tal efecto. El cerrar una calle o eliminar una plaza de recreo puede ser una función gubernamental necesaria para beneficio general, bajo el poder de policía del Estado. Con el correr del tiempo y con los desarrollos urbanos, el gobierno no puede quedar atado para siempre por un uso a la propiedad fijado en época remota por su dueño. 9 El Art. 274 del Código Civil, ed. 1930, idéntico al 482 de Louisiana, dispone: ‘Entre las cosas que no son susceptibles de apropiación están comprendidas aquellas que no pueden ser propiedad particular por razón de su objeto, tales como las cosas en común o sean aquellas cuyo uso y disfrute pertenece a todos los hombres.” Hay otras cosas, por el contrario, que aunque por su naturaleza son susceptibles de propiedad particular, pierden esta cualidad como consecuencia de la aplicación que de ellas se hace para fines públicos incompatibles con la propiedad privada, si bien pueden *570 adquirir su primitiva condición tan pronto cese el fin público que se las hubiera dado; tales son los terrenos de las carreteras, calles y plazas públicas.‘ No habiéndose otorgado título escriturario por los comparecientes en la escritura de partición Núm. 4 de 9 de enero de 1922 enajenando el dominio a favor del Municipio de San Juan; en ausencia de legislación especial sobre la materia disponiendo del título en tales casos, como

ocurre en varios estados; * y conforme al Art. 274 según ha sido autorizadamente interpretado y aplicado en las jurisdicciones de su procedencia, debemos resolver que al cesar definitivamente en 1957 el uso y dominio público de la plaza de recreo por acción del Municipio mediante el procedimiento de ley dispuesto para ello, dicha plaza adquirió su primitiva condición de propiedad privada de sus dueños. Los bienes dedicados al uso y dominio público, y así usados por la comunidad en general, no producen prescripción a favor o en contra de nadie. En esto también están de acuerdo la doctrina sajona y la latina. Véanse: Art. 1836 Código Civil ed. 1930, Colin y Capitant, op. cit., pág. 73, Louisiana Highway Commission v. Raxdale, antes citado, a la pág. 635; Locke v. Lester (La.), 1955, 78 So.2d 14, pág. 16. El récord demuestra, no obstante, que al cesar en 1957 el uso y dominio público de la plaza, el Municipio quedó en posesión y realizó actos de dominio sobre ella, según hemos expresado. A partir de ese momento comenzó a correr la prescripción adquisitiva a favor del Municipio en razón a su posesión adversa a la de los demandantes. Habiéndose interpuesto la presente acción judicial en 11 de diciembre de 1962, el Municipio no poseyó durante el término *571 mínimo requerido bajo cualquier tipo de prescripción para obtener título de dominio por prescripción adquisitiva. Por todos los anteriores fundamentos, la sentencia que desestimó la demanda será revocada en lo que respecta a la plaza. Se dictará otra decretando que a partir de 1957 al cesar el uso y dominio público los demandantes, como otorgantes y causahabientes de los otorgantes de la escritura Núm. 4 de 9 de enero de 1922, ostentan título de dominio sobre dicha plaza, decretando la nulidad de la Certificación Núm. 465 de 7 de abril de 1958 y las operaciones que dieron lugar a dicha Certificación, y decretando la nulidad de la inscripción de esta propiedad en el Registro a favor del Municipio de San Juan como bien patrimonial y privativo suyo. 2. La Calle Rosario. El récord contiene expresiones contradictorias del Municipio hechas oficialmente en distintas épocas en cuanto a si la Calle Rosario fue o no de uso y dominio público. En su sentencia de 1948 el Juez Cordovés Arana concluyó que la Calle había sido usada públicamente, aunque el Municipio había obstaculizado la vía con una edificación removible.

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Aparte de ello existe el hecho que en la escritura Núm. 6 de segregación, agrupación y compraventa otorgada ante el Notario Martínez Dávila en San Juan, Puerto Rico, el 16 de enero de 1928, transacción que se repite por la escritura Núm. 12 de 15 de agosto de 1929 ante el Notario Edelmiro Martínez Rivera, la agrupación y la segregación que ahí se hacen de las porciones adjudicadas en 1922 a Rita de la Cruz Santiago (véase Plano, pág. 538), indebidamente incluyeron la Calle Rosario entre Labra y Figueroa. En esa forma el Municipio adquirió la propiedad agrupada y segregada por precio de $51,180.00. A la luz de la prueba en el récord, a Rita de la Cruz no se le adjudicó título sobre la porción de esta calle, ni a ningún otro condómine, y fue ilegal incluirla en la agrupación y segregación y *572 venta el Municipio. El propio Municipio al contestar la demanda en el pleito R-5777 alegó afirmativamente: ‘... siendo lo cierto que uno de los firmantes de la escritura número cuatro de 9 de enero de 1922 ?Sobre División de Terrenos', otorgada por los demandantes, o sea, el Señor Luis de la Cruz y Santiago, casado con doña Rosa Figueroa Reyes, y quien concurrió en dicha escritura en concepto de apoderado de doña Rita de la Cruz y Santiago, por escritura número seis otorgada ante el Notario don José Martínez Dávila, el 16 de enero de 1928, vendió al extinto Municipio de San Juan, hoy Gobierno de la Capital, por la suma de $51,180.00 una parcela radicada en la Sección Sur del Barrio de Santurce del término municipal de San Juan; compuesta de 8,530 metros cuadrados, parcela que fue formada por dos parcelas segregadas y fraudulentamente agrupadas para que formaran una sola. Sigue alegando en contrario la demandada que en la venta a que se hace referencia el Municipio de San Juan, hoy Gobierno de la Capital, se incorporó fraudulentamente el área que abarca la calle del Rosario en un trozo comprendido entre las calles Figueroa y Labra, y que tiene un área total de 1,259.85 metros cuadrados ‘. (Énfasis nuestro.) El Juez Cordovés Arana, en sus conclusiones de hecho determinó que

esas fincas no podían ser agrupadas estando la Calle en el medio.” El Municipio hizo las anteriores expresiones en el año 1947. El récord no nos permite determinar, si en 16 de enero de 1928 y en 15 de agosto de 1929 cuando adquiere por escritura pública y por precio de $51,180.00 tenía o no conocimiento del ‘fraude‘, o si era o no un adquirente protegido por el Registro o si era o no un tercero civil. En lo que a la calle respecta, y habiendo en la prueba un título escriturario a favor del Municipio sobre la porción de dicha calle, se dejará sin efecto la sentencia recurrida, y se devolverá el caso *573 para que la Sala sentenciadora determine, a la luz de la prueba que las partes presenten, si al adquirir de Luis de la Cruz en 1928 y 1929 el Municipio era un tercero protegido por el Registro o si era un tercero civil de buena fe. De determinarse que era un tercero inocente, deberá sostenerse el título del Municipio sobre la porción de Calle. De lo contrario, a ésta le regirán igualmente los pronunciamientos hechos sobre la Plaza, al cesar el uso y dominio público. Conforme a la estipulación de las partes de 10 de febrero de 1964, al devolverse el caso se determinará la cabida exacta de los predios en litigio, que deberán ser entregados materialmente a los demandantes, y se harán los pronunciamientos sobre frutos adeudados a partir del año 1957, la fecha en que cesó el uso y dominio público de los bienes envueltos. La Sala sentenciadora deberá fijar, además, los honorarios de abogado en primera instancia conforme a la súplica a tal efecto en la demanda. Se dictará sentencia de conformidad con todos los pronunciamientos anteriores. Los Jueces Asociados Señores Hernández Matos, Blanco Lugo, Rigau y Torres Rigual no intervinieron.

Footnotes Renunció a dicha representación legal el 30 de diciembre de 1968, luego de haber sometido el caso en su fondo el 29 de septiembre * 1 de 1967. Comparecieron como demandantes Angela Figueroa Reyes, Alejandro y Carmen Figueroa Maldonado, Carmen Figueroa Collazo, Carlos A. Figueroa Camacho, Roberto y Manuel Figueroa García, Ernesto y Emigdio Figueroa Ortiz, Rafael y José Angel Figueroa Ciuro, todos por sí y en representación y para beneficio de Rosario Miró Vda. de Adsuar, y de todos los miembros y cesionarios de las Sucesiones de José Víctor Figueroa Reyes, Juan Figueroa Reyes, Casimiro Figueroa Reyes, Angel Figueroa Reyes, Enrique Adsuar, Luis de la Cruz y su esposa Rosa Figueroa Reyes, Lydia Figueroa Ortiz, Juan Figueroa Rivera. Alegaron los demandantes

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Figueroa v. Municipio de San Juan, 98 D.P.R. 534 (1970) que su presencia en el pleito asegura una adecuada representación de todas las personas mencionadas en el Anexo A, y se solicita un remedio común para todos. Ver Regla de Procedimiento Civil 20.1. En esta escritura se describió la ‘Plaza de Recreo‘ con una cabida de 3735.7278 metros cuadrados y la parte de la Calle ‘Del Rosario‘ con una cabida de 1212.9462 metros cuadrados. La parte de la Calle ‘Del Rosario‘ en litigio es la manzana comprendida entre las Calles ‘Labra‘ y ‘José Ramón Figueroa‘. Al igual que la de 1943, la Regla 23 Federal de 1937 dispone en sus apartados (2) y (3): ‘(2) Several, and the object of the action is the adjudication of claims which do or may affect specific property involved in the action; or ‘(3) Several, and there is a common question of law or fact affecting the several rights, and a common relief is sought‘. En las Reglas de 1958 el vocablo ‘several‘ aparece traducido indebidamente como ‘solidario‘. Para el efecto que cada una de estas clasificaciones tiene en lo que respecta a la presunción de cosa juzgada, véase el conocido estudio de actualidad aún, de James Wm. Moore y Marcus Cohn, ‘Federal Class Actions-- Jurisdiction and Effect of Judgment‘, 32 Ill. L. Rev. 555; ‘Binding Effect of Class Actions, (Nota) 67 Harv. L. Rev. 1059; Moore's Federal Practice, 2nd Ed. 1968, Vol. 3, págs. 3434 et seq., 3456 et seq.; cf. Supreme Tribe of Ben-Hur v. Cauble, 255 U.S. 356; cf. O'Hara v. Pittston Co. (Va.), 42 S.E.2d 269. Una sola vez, en la parte expositiva, el Juez Cordovés se refirió a los terrenos traspasados o donados al Municipio de San Juan y dedicados por éste al uso público. No puede interpretarse esa expresión como una que adjudicó un derecho patrimonial porque tal interpretación sería incompatible con el propio fallo del Juez Cordovés al determinar que los bienes estaban dedicados en parte a un uso público y era fácil restituirlos al uso destinado por los dueños, y al reconocer en éstos una causa de acción contra el Municipio, en las circunstancias de aquellos hechos, para compelerlo a mantener los bienes en el uso destinado. Esa expresión es más bien producto de la tendencia que ha habido en muchas expresiones judiciales a no hacer la requerida distinción entre el bien de uso público y el bien patrimonial del Estado u organismos públicos, y la tendencia a confundirlos. Recientemente este Tribunal tuvo ocasión de hacer las debidas aclaraciones en Rubert Armstrong v. Estado Libre Asociado, 97 D.P.R. 588, resuelto en 27 de junio de 1969. Y véase, con iguales fines aclaratorios, la expresión del Juez Asociado Señor Hernández Matos de 27 de junio de 1969 en Estado Libre Asociado v. Tribunal Superior, 97 D.P.R. 644. (En reconsideración), en la cual concurrieron el Juez Presidente y este Juez. Fred Zengel--Elements of the Law of Ownership, comentando el Título II del Código Civil de Louisiana. West's, L.S.A. Civil Code, 3, pág. 1 y ss.; pág. 17. ‘Ya hemos indicado que, en nuestra opinión, el derecho de la persona moral, Estado, departamento, municipio, sobre los bienes de su dominio público no es un derecho de propiedad pues no comprende los atributos esenciales de la propiedad usus, fructus, abusus. El dominio público pertenece, en tanto que dura su afectación, más bien al uso público que a la persona moral de que depende. La persona moral no tiene sobre esta parte de su dominio más que un derecho de guarda, de gestión, de administración, [énfasis del autor] y no, como se ha dicho-- equivocadamente en nuestra opinión--derecho de propiedad.‘--Colin y Capitant, Curso Elemental de Derecho Civil, Tomo Segundo, Vol. II, 3ra. Ed., 1952, págs. 71 y ss.; pág. 80. Citando abundantes autoridades, se dice en Town of Choteau v. Blankenship (Oklahoma), 1944, 152 P.2d 379, pág. 383: ‘The general rule is that in the absence of a statute to the contrary the title to streets and alleys is held by the municipality in trust, not in a proprietary capacity, and the municipality is without power to alienate the same. ‘By the great weight of authority a municipality cannot be divested of title to its streets held in trust for public use by adverse possession for the prescriptive period. [citas]. We think this is the sound rule and adhere to it.‘ (Énfasis nuestro.) En el connotado caso de City of Fort Worth v. Burnett (Texas), 1938, 114 S.W.2d pág. 220, ya se había dicho lo mismo; pág. 223: ‘It is established by the authorities that, where property is appropriated to public use by common law dedication of the owner, the municipality within whose borders the premises are situated takes it, as trustee for the public, for the special uses designated by the dedicator.‘ En este caso se destinó por su dueño un predio para plaza o parque que proveyera espacio libre para respirar, y la Corte Suprema de Texas resolvió que Fort Worth no podía usar parte del terreno para edificar una biblioteca pública. Reafirmándose el principio, se repite en Hyland v. City of Eugene (Oregon 1946), 173 P.2d 464, pág. 466: ‘It is the universally accepted rule of law that land dedicated by a private owner for a specific purpose must be used in conformity with the terms of the dedication and not diverted to any other purpose. [citas], ... When such a grant has been made by a private owner, the municipality, by accepting the dedication, becomes a trustee to carry out the terms of the grant and it has no power to sell or lease the property for purposes foreign to the dedication. [citas] ‘In determining whether there has been a misuse or diversion of the property, courts are more strict in cases of grant by private owners.‘

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Figueroa v. Municipio de San Juan, 98 D.P.R. 534 (1970) Este último criterio en cuanto a la interpretación más estricta contra el distinto uso cuando la dedicación al uso público ha sido hecha por un dueño privado, que cuando ha sido dedicada la propiedad al uso público por las propias entidades gubernamentales, es igualmente de general aceptación por las cortes. En su Art. 658 sobre servidumbres, declara Louisiana que aquella parte de la propiedad sujeta a una servidumbre no deja de pertenecer al dueño, y que por lo tanto el lecho o terreno de una carretera pública pertenece al propietario o dueño, y al público le corresponde su uso. Por supuesto, lo anterior no aplicaría si el Estado o entidad pública ha expropiado un título dominical del terreno o si ha adquirido dicho título consensualmente, o si existe un estatuto que rige la materia de distinto modo y exige el cumplimiento de ciertas formalidades. Cf. Lamartiniere v. Daigrepont (La.), 168 So.2d 373, 376. Informe de la Comisión para Revisar y Compilar las Leyes de Puerto Rico. Washington, Imprenta del Gobierno, 1901. Dice Don Luis Muñoz Morales: ‘No obstante esa declaración y a pesar de que la revisión del Código Civil fue confiada al Comisionado Puertorriqueño, se notó bastante en este Código la influencia del Criterio Norteamericano, porque no sólo se hicieron aquellas modificaciones que naturalmente exigía el cambio de régimen, sino que se intercalaron artículos del Código de Louisiana, e introdujeron otras doctrinas radicalmente opuestas a nuestro histórico Derecho Civil, y la explicación que se dá en el informe de nuestro comisionado puertorriqueño, después de sostener un criterio de adaptación gradual, pero no de igualdad, a las instituciones de los Estados y Territorios de la Unión, dice textualmente: ?Tales principios y tal criterio han servido de base a la revisión del Código Civil, y si de algo peca es más bien por haber caído del lado de la reforma en muchos casos, no tanto por convencimiento de que algunas de las instituciones actuales reformadas no sean buenas, cuanto por el deseo de demostrar prácticamente el amor ferviente al principio de identidad en todo lo que pueda parecer justo o siquiera racional.' ‘ (Énfasis suplido.) Reseña Histórica y Anotaciones al Código Civil de Puerto Rico. Libro Primero págs. 23 y ss.” La Asamblea Legislativa nombró su propia comisión conjunta de la Cámara y el Consejo Ejecutivo para estudiar el Código sometido por los Comisionados, y aceptó igualmente las adopciones hechas de Louisiana. Véanse: en el cuadro general de ilustración, Central Land Co. v. Grand Rapids (Mich.) 1942, 4 N.W.2d 485 y monografía en 144 A.L.R. 487; los casos ya citados de Hyland v. City of Eugene (Oregon); Town of Choteau v. Blankenship, (Oklahoma); City of Fort Worth v. Burnett (Texas); Lamartiniere v. Daigrepont (La.); Tul. L. Rev. Vol. XII, Comments, págs. 428 y ss.; pág. 429; Vol. 13, Comments, ‘The Effect of Dedication to Public Use in Louisiana‘, págs. 606 y ss. En la jurisprudencia de Louisiana debe tenerse en cuenta que algunas decisiones descansan en legislación especial separada o complementaria del Código para regir determinadas situaciones. Véanse, por ejemplo, disposiciones tales como las secciones 837, [sic] 8324, 8330, 8331, de la legislación de California, que siguen las normas de la Ley Común. West's, Ann. Str. & H. Code, secciones mencionadas.

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Case Law

...Article or Case Law Search Sarah Falsey HCS/430 October 14, 2013 Lena Walker Article or Case Law Search Facilitating patient choice has always been elementary to palliative care. However, the choice agenda challenges us to inquiry what this truly means for sedative care now and in the future (Kite and Tate, 2005). With this in mind, the writer has chosen an article found in the Atlanta Journal-Constitution, June 28, 2009, entitled, System was deaf to pleas; Mother died. For the purpose of this paper, the writer will provide sufficient background on the article and discuss the major points. Next, the writer will discuss the legal issues involved in the article. In conclusion, the writer will identify and discuss any recommendations that could be made. The article was about a case involving the Georgia Regional Hospital/Atlanta. In January of this year; a patient, Na Young, with a history of psychotic behavior was released. The patient requested not to be released and refused to sign the release forms. The patients brother also pleaded with the hospital to reconsider releasing her and even delayed picking her up for almost a week. Prior to Na Young being admitted to the facility, she had physically abused her mother several times. She had even told physicians and nurses, if released she would kill her mother. With this in the mind the doctor still released the patient. 12 days later, on February 10. 2009, the patient doused her mother with......

Words: 725 - Pages: 3

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Law Cases

...fifteen of them are in danger of losing their lives over the next few hours," said López on Saturday 27 Dead, Including 20 Children, in Conn. School Shooting: Police A 20-year-old man opened fire at a Connecticut elementary school Friday, killing 26 people, including 20 children ages 5 to 10, in one of the deadliest school shootings in U.S. history, NBC 4 New York has learned. The gunman in the shooting at Sandy Hook Elementary School in Newtown has been identified as Adam Lanza. He is also dead, officials said. A senior law enforcement official tells NBC 4 New York that an unidentified woman has also been found dead, shot in the face, at a Newtown home, bringing the death toll to 28. The woman may be Lanza's mother, sources say. State police said the shooting was confined to two rooms at the school, and that the casualties included 20 children and six adults. Two guns were recovered inside the school, and another outside in a car, officials said. Two law enforcement officials said the weapons were legally purchased and registered to Lanza's mother. Several officials have told NBC News the children were shot at close range. "Our hearts are broken today," President Obama said at the White House, choking up as he described how the slain children "had their entire lives ahead of them." State police say the 911 call came in at 9:41 a.m. reporting a shooting at the school, which includes kindergarten through fourth grade. Students later told reporters that they heard......

Words: 2661 - Pages: 11

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Law Case

...Name: Neyamul Hoque ID:1020180530 Sec:8 LAW 200 Statement Analysis: “A company at law is distinct from its members. A Director is neither an agent nor a trustee of a company” To: Barrister Shaheen Ahmed (ShD) Date: 07.04.2014 Introduction The main inspiration for forming a corporation or company is the limited liability it offers to its shareholders. This policy allows the shareholders to lose only what he has contributed as shares to the corporate entity and nothing more. However, there is a major exception to the general concept of limited liability. There are certain circumstances in which courts will have to look through the corporation, that is, lift the veil of incorporation, and hold the shareholders of the company personally liable for the obligations of the corporation. The veil policy is raised when shareholders shape the distinction between the corporation andthe shareholders. It is an important aspect of the law that although it is a separate legal entity, a company or corporation can only act through human agents that it is comprised of.Under the company law or corporate law, a corporation is specifically referred to as a legal person who is a subject to rights and duties and is capable of owning real property, entering into contracts,......

Words: 2896 - Pages: 12

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Case Law

...profits Parke v. Daily New Ltd P 3.16 * No fiduciary duty owed by directors to the employees of the company * Directors are not able to make gratuitous payments to retrenched workers without the approval of the general meeting as this favoured one group at the expense of the company as a whole. Queensland Mines Ltd v. Hudson * Take up corporate opportunity with full disclosure to the board and members Regal (Hastings) Ltd v. Gulliver P3.24 & P (Module 5?) * Directors are under a duty not to profit from their office as director Smith & Fawcett Ltd (1942) P 3.16 * Duty to act bona fide in the best interest of the company. Victors Ltd v. Linguard P3.23 * Degree of interest has been extended to cases where the director’s interest is indirect Whitehouse v. Carlton Hotel Pty Ltd P 3.19 * It was an impermissible purpose to issue shares to dilute the shareholding of other shareholders and therefore the issue was void....

Words: 484 - Pages: 2

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Law Case

...Top of Form [pic][pic][pic][pic][pic] Nanaimo (City) v. Northridge Fitness Centre Ltd. Between City of Nanaimo, and Northridge Fitness Centre Ltd. [2006] B.C.J. No. 441 2006 BCPC 67 Nanaimo Registry No. 57412-1 British Columbia Provincial Court (Criminal Division) Nanaimo, British Columbia Saunders Prov. Ct. J. Heard: November 1, 14 and 28, 2005. Judgment: January 20, 2006. Constitutional law — Canadian Charter of Rights and Freedoms — Fundamental freedoms — Freedom of expression — Reasonable limits — Oakes test — Motion to declare that a bylaw of the City of Nanaimo restricting large portable advertising boards to new businesses violated the Charter right to freedom of expression dismissed — City's objective to control proliferation of portable signs to address problem of visual pollution and balance public interests with commercial interests was pressing and substantive — Bylaw rationally connected to objective, as evidence indicated that number of signs dropped since bylaw — Bylaw minimally impaired right to freedom of expression, as smaller portable signs and other advertising means were available for businesses — Means used by city to address objective and its effects were proportional. Motion to declare that a bylaw of the City of Nanaimo restricting large portable advertising boards to new businesses violated the Charter right to freedom of expression — In order to curb proliferation of portable advertising signs, City of Nanaimo passed......

Words: 1940 - Pages: 8

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Case Law

...Style of cause of case: Uppal v. Boota Date attended: September 18, 2014 Judge: Madam Justice Warren Lawyers: Magal Huberman Jury: None Courtroom: 16 Issue: * The issue in this case was determination of child custody between a newly divorced couple. The judge needed to decide what was the best child custody arrangement based on the best interest of the child. Initial Observations: * The courtroom was one of the smaller ones and not many people attended. My assumption is that this is common for family matter civil court cases. * The plaintiff is the mother and referred to as Ms. Uppal. The father is the defendant and referred to as Mr. Boota. The child’s name is Dylan. * Upon my arrival, the father (Mr. Boota) was being questioned by the lawyer. * The couple’s family members were viewing the trial on the sidelines. * There was one lawyer, and also her assistant. Facts/Dialogue when I was present: * Mr. Boota states Ms. Uppal wants full custody. * The lawyer asked about the couple’s relationship. Mr. Boota began to explain they (the couple) tried living in the same house, but different rooms. However, they still argued daily. Often, the arguing was in front of the child. Mr. Boota had tried to end the relationship a couple times, but people kept telling him to stay together because of the child. Both Mr. Boota and Ms. Uppal have been divorced once already. He didn’t want to divorce again. * The lawyer asked about......

Words: 688 - Pages: 3

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Law Case

...BUAD 4053- Business Law II Professor Nicholas Robinson ‘Burlington Northern and Santa Fe Railroad Co. v. White’ Case 35.1 Questions 1) What are some examples of non-job related retaliation? There are two types of workplace retaliation: work-related and social (non-job related). Social retaliation has much to do with antisocial behaviors by the “victim” that will affect overall productivity and how cohesively the work place functions; examples of this include harassment, insulting, blame, threats, and the “silent treatment.” 2) Why did the Court evaluate the language of Title VII's antidiscrimination and antiretaliation provisions? The Court evaluated the language because the language of the antidiscrimination provision differed from the antiretaliation provision, as well as in purpose too. Both provisions are limited to specific circumstances. There are words in the antidiscrimination provision such as “hire” and “status as an employee” that limit the scope of the provision to actions that affect employment. There are no words such as that in the antiretaliation provision. The antidiscrimination provision seeks a workplace where individuals are not discriminated against because of their racial, ethnic, religious, or gender-based status, whereas the antiretaliation provision seeks to secure that primary objective by preventing an employer from interfering (through retaliation) with an employee’s efforts to secure or advance enforcement of Title......

Words: 289 - Pages: 2

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Law Cases

...COMPILATION OF CASE LAWS LAW OF TORT 1. DONOGHUE V. STEVENSON (1932) AC 562 On the evening of Sunday 26 August 1928, Mrs May Donoghue, boarded a tram in Glasgow for the thirty minute journey to Paisley. At around ten minutes to nine, she and a friend took their seats in the Wellmeadow Café in the town's Wellmeadow Place. They were approached by the café owner, Francis Minghella, and May's friend ordered and paid for a pear and ice and an iced drink. The owner brought the order and poured part of a bottle of ginger beer into a tumbler containing ice cream. May drank some of the contents and her friend lifted the bottle to pour the remainder of the ginger beer into the tumbler. On doing so, it was claimed that the remains of a snail in a state of decomposition plopped out of the bottle into the tumbler. May later complained of stomach pain, and her doctor diagnosed her as having gastroenteritis. She also claimed to have suffered emotional distress as a result of the incident. On 9th April 1929, Donoghue brought an action against David Stevenson, aerated water manufacturer Paisley, in which she claimed £500 as damages for injuries sustained by her through drinking ginger beer which had been manufactured by the defender. May had not ordered or paid for the drink herself, so there was no contractual relationship between May and the café owner. Tort law at this time did not allow for May to sue the café owner. There was a contractual relationship between him...

Words: 19909 - Pages: 80

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Case Law

...point of view? Your answer should contain references to appropriate case law." The offering of a job to someone may be the beginning of the end of the employment relationship due to several issues that arise between the two in the course of the employment relationship. More research in Australia in the case law has evidenced different issues that surround the employer-employee relationship. Under the common law, employers and employees have a contract of employment which may be a fixed term or a permanent employment relationship. These contracts demand the mutual trust and confidence from both parties. In such a contract, the employers must be fair and reasonable when dealing with their employees. A case law that looked at the implied duty of the mutual trust and confidence was in the McDonald v State of South Australia. The Australian law was deeply analyzed and mutual trust and confidence was concluded to be part of the Australian Law. Mr, Macdonald was a teacher who felt that the defendant, the Department of Education and Children’s Services, had failed to provide a safe work system and had destroyed the mutual trust and confidence between them that were the terms of his contract. Thus, Mr. McDonald had no choice but to end the employment because the defendant had not lived up to its promise. It was concluded that the plaintif was justified to quit as the the contract had been repudiated. In a different case of Perkins v Grace Worldwide it was deemed that the trust and......

Words: 899 - Pages: 4

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Case Law

...Running Head: ARTICLE OR CASE LAW SEARCH Article or Case Law Search HCS/430 Article or Case Law Search According to "Healthcare.gov “The Affordable Care Act was passed by Congress and then signed into law by the President on March 23; 2010. On June 28, 2012 the Supreme Court rendered a final decision to uphold the health care law”. The Affordable Healthcare Act affords new means to hold insurance companies responsible and offers strong selections for customers. For example as part of the recently upheld Affordable Care Act, all health insurers are required to spend a percentage of each premium dollar collected to pay claims and to provide clinical service and activities that improve health care quality. ("Healthcare.gov", 2012) The Medical Loss Ratio (MLR) is known as a percentage that healthcare insurers must meet or better known as the MLR requirement. Healthcare insurers are required by the Affordable Care Act to produce a reimbursement to its consumers. The Medical Loss Ratio financial measurement used in the Affordable Care Act to help ensure that health plans provide significant value to users. The following is an example of how insurers use the MLR According to "Healthcare.gov" (2012), “if an insurer uses 80 cents out of every premium dollar to pay its customers' medical claims and activities that improve the quality of care; the company has a medical loss ratio of 80%. A medical loss ratio of 80% indicates that the insurer is using the remaining 20 cents of......

Words: 902 - Pages: 4